Con gas lacrimógeno, repliegan a manifestantes en Mérida

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Mérida,Yucatán, a 19 de enero de 2020 (Eje Central). En el marco del primer informe del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, un grupo de manifestantes fue agredido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad con gas lacrimógeno.

De acuerdo con los inconformes, su malestar radica en los nuevos impuestos que la gestión estatal quiere implementar, por lo que personas de distintos sectores se apersonaron en el Centro Internacional de Congresos de Mérida para manifestarse en contra del mandatario local.

No obstante, los manifestantes indicaron que al llegar al lugar ya eran esperados por policías, quienes lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos. Resultado de esto, varias personas tuvieron que ser atendidas al presentar casos de irritación de ojos y garganta por la aspiración de gases.

Hasta ahora se desconoce el número exacto de personas lesionadas, pero usuarios en redes han indicado que en el lugar había menores de edad y ancianos, quienes resultaron afectados por la agresión.

Al respecto, el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera lamentó los hechos a través de su cuenta de Twitter, en donde también se manifestó a favor de la libre expresión y en contra de la represión.

Cabe mencionar que, hasta agosto del año pasado, Mauricio Vila era el gobernador mejor evaluado de todo el país, según la Encuesta México Elige; en diciembre pasado, su popularidad cayó al tercer lugar.

Entre las problemáticas que mencionaron los manifestantes, se encuentra el incremento del costo de algunos impuestos, así como el reemplacamiento y lo referente a las pensiones para los maestros de la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saiden aseguró que los policías reaccionaron ante agresiones en su contra. Asimismo, aseguró que la marcha fue “atípica”, pues quienes a ella acudieron buscaron la confrontación.

Aseguró que en Yucatán no se permitirán acciones violentas “como sucede en otros estados”. Ante agresiones contra policías, elementos del Ejército o Guardia Nacional, dijo, se responderá como lo ordena la ley. Indicó que ordenará que se realice una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades. CJG

Fuente: Eje Central

FALSOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS ACUSAN A LAURA BERISTAIN HASTA «DEL CALENTAMIENTO GLOBAL»

Raúl Fernández, supuesto defensor de los DDHH.

De manera sospechosa, el señor Raúl Fernández, supuesto delegado del supuesto «Consejo Independiente para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo», lleva ya más de un año dizque «defendiendo los derechos humanos» en Playa del Carmen. Pero ¿qué es en realidad lo que defiende: los derechos humanos o la agenda de la derecha local?

A través de la página @descontentociudadanocancun, o de manera personada, desde hace alrededor de un año, este señor y sus compinches han irrumpido en nuestra ciudad supuestamente con la intención de «defender los derechos humanos» de los solidarenses; aunque, lo que más han hecho, en verdad, es atiborrar las redes sociales con falsas acusaciones hacia la presidenta en turno, y violar, ciertamente, infinidad de veces, nuestro Código Penal y nuestra Constitución.

Este señor ha acusado a la presidenta municipal de asesinato, violación de los derechos humanos, corrupción, colusión con el narcotráfico; sin embargo, nunca ha aportado evidencias diáfanas al respecto. Y esto es grave, ya que, según el Artículo 248 Bis. de nuestro Código Penal: «Al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a trescientos días de multa». No obstante, nadie ha tomado represalias contra ellos y siguen apareciendo en los lugares donde existe algún conflicto o malestar ciudadano, y, sin ningún pudor, como por arte de magia, estos sujetos siempre hallan a «la culpable»: Laura Beristain.

Uno de los temas más manipulados por estos personajes es el problema de los periodistas y habitantes de Solidaridad que han sido víctimas del crimen organizado. Recordemos el caso del Ñaca Ñaca. Pero este flagelo no es nuevo, tiene raíces profundas en la historia del municipio.

Lo mismo sucede con la corrupción y los problemas vecinales, como es el caso histórico de los habitantes de la colonia Cristo Rey, quienes, hasta la fecha, no contaban con los servicios públicos del municipio. Cuando estalló la crisis, rápidamente fueron hasta allí y se aprovecharon del enojo de los vecinos para hacer su trabajo sucio. La mayoría sabe muy bien que el municipio no había podido entrar en Cristo Rey, porque la propiedad del suelo estaba en manos de Chano Toledo, y este debía «donar» la parte que corresponde a las obras de carácter público, como calles, alumbrado, etc. Felizmente ya lo hizo. Por tanto, resultan muy sospechosas las inculpaciones que estos elementos lanzaron, sin tener a mano una investigación seria y profesional que arrojara luz al efecto.

De ahí que, como estos acusantes nunca llegan a presentar pruebas de los delitos que le imputan mediáticamente a la presidenta municipal, incurren, también, en una evidente violación al Artículo 189 de nuestro Código Penal, el cual indica que: «Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido».

La mayoría de los que conocen a la alcaldesa, saben muy bien que ella sería incapaz de desearle o causarle daño a alguien. Dentro de los programas que impulsa están el de bienestar emocional y la atención a la violencia intrafamiliar y de género. Por supuesto que ha cometido errores y que, como ciudadanos, debemos exigirle calidad en su administración. Sin embargo, debemos ser justos, responsables y honestos ante la realidad de los hechos: no existe ni un solo indicio de que las acusaciones de estos individuos sean ciertas.

Es más, ellos mismos son una prueba fehaciente de la libertad que gozan en Playa del Carmen, sin temor a ser reprimidos, como en épocas anteriores les sucedía a los verdaderos luchadores sociales. Y esto se debe a que el gobierno actual es un gobierno de la izquierda progresista, pacífico, respetuoso, defensor de las leyes y los derechos humanos, estrechamente ligado al Proyecto de Nación del presidente López Obrador, otro líder que ha tenido que tragar «agua salada», en aras de proteger la libertad de expresión y fomentar el periodismo objetivo.

De lo que sí hay evidencia es que Laura Beristain, desde el primer día de su gestión como gobernante municipal, ha resistido estoicamente todas las embestidas mediáticas y la metralla de calumnias lanzadas en su contra, a sabiendas de que todo lo que estos supuestos defensores de los derechos humanos dicen de ella —igualmente los demás medios y especímenes arcaicos de la derecha que se dedican a lo mismo—, no es producto de un ejercicio prudente de la crítica, del periodismo serio, de la libertad de expresión, sino, todo lo contrario, forma parte de una guerra sucia de la derecha local que perdió en los comicios del 2018, pese a su comprobado intento de fraude.

La derecha del territorio está desesperada por recuperar el control de los recursos y las funciones del municipio, para seguir financiando sus turbios negocios personales. No ha comprendido el momento histórico, ni se da cuenta de que su actitud retrógrada es perjudicial para la nación.

Por primera vez en la historia de nuestro municipio, una representante de la izquierda progresista gana las elecciones, impulsada por la coalición Morena-PT. Llegó en un momento crucial para México. Y esto no lo pueden perdonar los que tenían secuestrada la entidad para financiar sus propios intereses y engordar sus cuentas bancarias.

¿Cuándo estos supuestos defensores de los derechos humanos han ido a defender los derechos laborales de los trabajadores de los grandes hoteles de la Riviera Maya? ¿Cuánto han luchado por la abolición del outsourcing, contra los despidos injustificados o la sobreexplotación laboral? ¿Cuándo se han presentado en alguna lucha social auténtica? ¿Qué han hecho por las poblaciones indígenas del Estado? ¿Qué gestión han realizado en apoyo a la lucha contra los feminicidios o la violencia en cualquiera de sus formas? ¿Cuándo han ido a reclamarle al Gobernador del Estado o a Cristina Torres por la aprobación de los parquímetros? Lo mismo con respecto a Aguakán.

No podemos permitir que nuestro municipio sea laboratorio de la grilla oportunista de los partidos y políticos de la vieja escuela.

¡A los instigadores, oportunistas y falsos defensores del pueblo hay que desenmascararlos, por el bien de Solidaridad!

Escrito por La Bibijagua en Telegraph.

CUANDO LA DESVERGÜENZA VIENE DISFRAZADA DE PUEBLO

Chanito Toledo y Cristina Torres

Ahora resulta que Chanito Toledo y doña Cristina Torres se están dando baños de pueblo, y haciendo su agosto con la decisión del Congreso del Estado, en torno a la propuesta del Gobierno de Solidaridad en materia de ingresos y egresos para el próximo ciclo gubernativo. Sin embargo, parece que se les ha olvidado o pretenden que el pueblo se olvide de todas las irregularidades y fechorías cometidas en sus respectivos gobiernos, mismas que han llevado al municipio casi a la bancarrota.

No es menos cierto que la propuesta del gobierno que dirige Laura Beristain, que incluye la actualización de las Tablas Catastrales, ha sido un nudo gordiano jurídico e informativo desde el inicio.

No obstante, ciertos sectores de la oposición, incluso desde antes de promulgarse oficialmente en sesión ordinaria del Cabildo, de manera sospechosa, empezaron a incitar a la población y a «calentar las redes sociales», dando por hecho que se iban a subir más de cien tipos de impuestos, que sería un golpe a los solidarenses, cuando lo que en realidad predomina en las nuevas medidas era la regulación formal del cobro de servicios que ya se estaban efectuando desde hace décadas, y acerca de los cuales no existía un seguimiento oportuno que permitiera ejercer un control auditable y fiscal efectivo.

Es evidente que la actual administración cometió un error; pero no fue en los procedimientos legales. El problema es que no supieron hacer una lectura puntual del contexto sociopolítico actual, ni previeron la lógica reacción de pueblo ante el estado de desinformación que predominaba.

Los que realmente se interesan y siguen puntualmente el contexto de la política local, habrán escuchado a la presidenta municipal decir en varias ocasiones, que la «respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder». No obstante, debió haber desplegado una campaña previa de información y haber puesto al tanto a los ciudadanos del municipio, previendo los posibles escenarios de manipulación mediática que la derecha siempre utiliza para sus fines desestabilizadores.

Y así, los mismos que hasta hace poco habían defalcado el ayuntamiento, ahora hasta resulta que son más de izquierda que López Obrador. Con inigualable descaro, salen a defender al pueblo de la subida de impuestos, con sustento en la política fiscal y presupuestaria que está llevando a cabo el Presidente de la República, la cual, precisamente, prevé la reducción gradual de impuestos en algunas zonas donde se piensa fomentar la inversión mixta y el desarrollo industrial. Pero pasan por alto una cosa, la verdad siempre sale a la luz, llueva, truene o relampagueé.

Citemos un fragmento del artículo publicado por Noticaribe en el 2014, acerca del «Flagrante desfalco a solidaridad: (y la) complicidad de la aseqroo para tapar desvío de recursos de Filiberto y ‘Chanito’ Toledo…»:

Durante el 2012 en Solidaridad se registró el mayor y más flagrante desfalco a las arcas de un municipio del estado, sin que hasta hoy autoridad alguna haya mostrado voluntad para investigar el destino que tuvieron más de 386 millones de pesos, que hoy son parte de la deuda pública local, de 780 millones de pesos que los playenses están condenados a pagar durante los próximos 20 años.

Este desfalco tiene nombre y apellido: Filiberto Martínez Méndez y José Luis Toledo Medina, en ese entonces Alcalde y Tesorero de Solidaridad, respectivamente, hoy los dos protegidos con fuero de diputados locales en el Congreso de Quintana Roo…

… el municipio de Solidaridad ocupa el undécimo lugar entre los municipios más endeudados del País, con una deuda de 780 millones de pesos, de los cuales 656, fueron contratados en el trienio anterior, en 2012 y 2013.

En el dictamen de la Aseqroo de la Cuenta Pública de 2012 fue escondida la deuda contratada por Martínez Méndez y Toledo Medina por 386 millones 326 mil 371 de pesos, y se le refiere como Decreto 62, que es el nombre con el que el Congreso del estado autorizó, el 15 de diciembre de 2012, este crédito. Pero, además en el dictamen de la Aseqroo se evade el avance de las obras, que debieron de llevarse a cabo, o al menos iniciado.1

Sin embargo, en septiembre de 2013, el exregidor Juan Carlos Beristain, presentó una demanda de juicio político contra el exalcalde Martínez Méndez, pues las obras que se debían realizar, con el crédito de 386 millones de pesos, no se iniciaron o estaban inconclusas. En aquel momento, las únicas obras que se habían concluido eran la remodelación de la Unidad Deportiva «Mario Villanueva Madrid» y la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor. No obstante, en el caso de la Unidad Deportiva referida, la inversión final fue mucho menor al monto de crédito autorizado para esta obra.

1 “Flagrante desfalco a solidaridad: complicidad de la aseqroo para tapar desvío de recursos de Filiberto y ‘Chanito’ Toledo en 2012”. NOTICARIBE. Junio 30, 2014.

El entonces alcalde, Filiberto Martínez, y el tesorero, José Luis Toledo Medina, lograron que el Congreso les autorizara 41 millones 488 mil 199 pesos más. Al final de la administración de Mauricio Góngora fue que se reconoció que, de esa cifra, se gastaron solo 4.5 millones de pesos. Es decir, alrededor de 36 millones de pesos menos que lo presupuestado al inicio, que es el dinero que se esfumó tan solo en ese proyecto.

Pero existen más ejemplos, mencionemos algunos. En el caso del edificio de la Procuraduría de la Defensa del Menor, este proyecto fue apenas inaugurado en la administración de Góngora, en una ceremonia presidida por el alcalde y la presidenta del DIF estatal. En esa ocasión, las autoridades declararon que se gastaron 18 millones de pesos en esta obra, mismos que fueron previstos en el Decreto 062. En el Edificio de la Policía, que consiste en una ampliación de sus instalaciones, con una inversión estimada de 2 millones 882 mil pesos, se verificó que la obra seguía abandonada, casi como mismo estaba cuando terminó la administración de Filiberto Martínez. En el caso del Centro Deportivo y de Protección, no existe evidencia alguna de que esta obra, de 32 millones 24 mil pesos, se haya construido en algún punto del municipio.

Muchos recordarán lo sucedido con la «Unidad Deportiva Riviera Maya», donde se debieron realizar trabajos de remodelación por el costo de 18 millones 121 pesos. No obstante, prácticamente no se hizo ninguna mejora, salvo en el caso de los dos estadios de softbol que se pintaron y limpiaron, así como las reparaciones menores que luego se hicieron en las gradas, para que el Gobernador inaugurara la «liga Roberto Borge Angulo». Mientras tanto, el resto de las instalaciones se hallaba en franco deterioro, como consecuencia de casi 10 años de abandono, desde que se construyeron durante el gobierno de Gabriel Mendicuti Loría.

El caso más flagrante de abandono lo constituye el llamado Centro Cultural que implicaba la construcción de un Teatro de la Ciudad, todo con un gasto de 104 millones 292 mil pesos. Pero esta obra todavía en el 2012 seguía a medio levantar. Se trata de la obra inconclusa más costosa dejada por el Gobierno de Filiberto Martínez y José Luis Toledo.

En similar situación se encontraba el proyecto del Nuevo Palacio Municipal, que también fue dejado inacabado en la zona de la llamada Cruz de Servicios de Playa del Carmen. Aunque esta obra, en la que se presupuestaron 86 millones 55 mil pesos, fue retomada por el gobierno de Mauricio Góngora y continuada por los siguientes. Hasta la fecha, todavía no se ha podido concluir, ya que los técnicos e ingenieros contratados por Laura Beristain han detectado un sinfín de irregularidades.

Y el último caso, el más evidente de los presuntos desvíos de recursos del crédito de 386 millones de pesos, lo constituye el proyecto de compra de los «Arcos Detectores de Metales para Vehículos», para el cual Filiberto Martínez y Chanito comprometieron más de 83 millones de pesos. Estos arcos iban a ser instalados en las casetas de vigilancia que se encuentran en las salidas norte y sur de Playa del Carmen, supuestamente para reforzar la seguridad en esos puntos de control en la carretera; pero nunca se compraron. Y el dinero tampoco apareció.2

De todo esto se puede concluir que la derecha le apuesta a la desmemoria. Estos políticos «viejos», cómo pueden tener la desfachatez de venir ahora a presentarse como los defensores del pueblo, cuando, hasta el día de hoy, todavía estamos pagando las consecuencias de la enorme corrupción que caracterizó a sus gobiernos.

1 “Flagrante desfalco a solidaridad: complicidad de la aseqroo para tapar desvío de recursos de Filiberto y ‘Chanito’ Toledo en 2012”. NOTICARIBE. Junio 30, 2014.

2 Ibidem.

Artículo escritó en Telegra.ph. por «La Bibijagua».