Acaba pleito interno de Morena en los tribunales

Noticaribe
(NOTICARIBE)
Que el diputado Juan Ortiz ya prepara una denuncia penal contra Omar Sánchez Cutis y otros líderes de Morena por pretender incriminarlo en la presunta obtención de prebendas para apoyar la ‘nueva mayoría’, que, por cierto, paulatinamente ha descontado de su manto de impunidad al ex gobernador Roberto Borge.
Lo que es más que evidente es que se trata de un capítulo más de la guerra interna de Morena, que estalló cuando los diputados Juan Ortiz Vallejo y Silvia Vázquez Pech mandaron a volar al delegado estatal, José Luis Pech, identificado con ex el gobernador Félix González Canto, que se oponía a que los diputados se semana a la ‘nueva mayoría’ del Congreso del estado.

Pero, lo que no se entiende es que la dirigencia de Morena pretende resquebrajar a la ‘nueva mayoría’ que ha dado importantes resultados, no solo en revertir el paquete de impunidad, sino al documentar la corrupción en VIP Saesa, el Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE) y en CAPA.

Se pretende incriminar al diputado Juan Ortiz por una supuesta conversación en la que el legislador del sur del estado cándidamente ‘confiesa’ a su interlocutor, que prácticamente  lo interroga,  de haber recibido una ‘comisión’ para sumarse a la nueva mayoría.

Y aunque, esta vez sí le echaron ganas para ‘cortar’ y ‘pegar’, se trata de una conversación telefónica editada y que por cierto, todo el aparato propagandístico de anterior gobierno, el cual sigue muy activo, se encargó a difundir por todos sus medios posibles sin el contexto.

En realidad, Juan Ortiz se refiere a siete millones que le ofreció el entonces delegado del PRI, Manuel Andrade, y la comisión, no es una fracción de dinero, sino la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Poder Legislativo.

Lo cierto, es que el Congreso del estado siguen pendientes temas relevantes contra Roberto Borge, e incluso Félix González, y alguien no quiere que siga la ‘nueva mayoría’.

Artículo original de Noticaribe publicado el 31/10/2016: http://noticaribe.com.mx/2016/10/31/rompeolas-acaba-pleito-interno-de-morena-en-los-tribunales/

Leyes contra manifestaciones del DF, Quintana Roo y SLP atentan contra el derecho a libre expresión, dice Amnistía

Cabeza de...

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por las propuestas de ley contra manifestaciones públicas presentadas en Estados de la República como Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal. Consideró que tales iniciativas atentan contra el derecho de libertad de expresión.

A través de un comunicado, la ONG indicó que las leyes de los tres estados emplean una “terminología ambigua para definir manifestaciones”, además de que limita “las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con las buenas costumbres”.

En la capital de México, desde diciembre pasado se analiza en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Lo mismo sucedió en Quintana Roo y en San Luis Potosí hace unas semanas.

Entre las disposiciones de la iniciativa del DF destacan obligaciones como: antes de una manifestación debe avisarse a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación; se prohíbe el “bloqueo total” de vialidades primarias y de calles de un solo carril y, además, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal la facultad de “controlar manifestaciones”.

También impone un horario de entre 11:00 y 18:00 horas para que los actos de inconformidad no afecten el tráfico vehicular y prevé multas para quienes “realicen acciones que alteren el orden público”, entre otras exigencias.

En el caso de Quintana Roo, en marzo, el Congreso estatal de mayoría priista aprobó la llamada Ley de Cultura Cívica, con la que se pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado. Por ejemplo, prohíbe marchas en vías primarias y condiciona las protestas en las vías públicas.

Al respecto, la organización internacional Artículo 19 también se pronunció en contra, al considerarla “una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”. En San Luis Potosí, el Diputado local panista Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris”, presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la iniciativa, el Diputado pretende que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos, de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30 horas.

Además, la ciudadanía que pretende manifestarse deberá pedir permiso al generador de la inconformidad; es decir, al Estado y este decidirá si aprueba o no la manifestación.

Las multas para quien no avise previamente por escrito serán de 50 a 100 días de salario mínimo y el arresto de 36 a 72 horas. Posteriormente, el legislador dijo que se trata de una propuesta apegada a los derechos humanos y que busca defender a los miles de potosinos que salen a trabajar diariamente y que en ocasiones se han visto afectados. Mencionó que esta ley pretende garantizar de forma efectiva el derecho de los potosinos y sus distintas colectividades a manifestar su crítica o exigencia social a las autoridades.

Amnistía recordó a las autoridades que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.

La organización ha declarado, reiteradamente, que las recientes iniciativas de ley relativas a manifestaciones imponen un “régimen legal que no garantiza el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación al privilegiar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestaciones pacificas”.

Amnistía Internacional considera especialmente preocupante el caso de la Ley de Cultura Cívica de Quintana Roo pues esta fue ya aprobada el pasado 25 de marzo, y faltaría tan solo su ratificación por el gobierno estatal para que esta entre en vigor.

La organización llamo a las autoridades de la entidad a no ratificar dicha ley mientras ésta “no se haya armonizado con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. Así mismo, Amnistía Internacional instó a los legisladores a que se aseguren que durante las discusiones en torno a estas iniciativas, se escuchen las voces de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/08-04-2014/956513. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

Burdel Revolucionario Institucional

Por Lydia Cacho

Esta semana el valiente equipo del noticiero MVS de Carmen Aristegui mostró la evidencia que hacía falta, con una reportera infiltrada se demostró plenamente que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, (ahora ex) líder del PRI de la Capital del país, operó una red de prostitución forzada con recursos públicos. Y lo hizo al interior de la sede del partido. Las implicaciones del comportamiento delictivo de Gutiérrez pueden llegar hasta los pasillos de Los Pinos y a las casas de gobierno de Veracruz, Jalisco y el Estado de México, entre otros.

El padre del ex líder del PRI capitalino se llamaba Rafael Gutiérrez Moreno, apodado El rey de la basura. Cuando sonreía se veían incrustados en sus dientes tres diamantes enormes; pero sonreía poco. Este hombre presumía tener 56 hijos, y mientras mantenía el control del negocio de mafias alrededor del manejo de basura, tejió fuertes lazos con el PRI nacional, partido para el cuál fue diputado federal.

Las edecanes que explotaba el PRI-DF, se mandaban a diputados, senadores y hasta gobernadores y Veracruz aparece en la lista...

El PRI siempre supo de sus andanzas; era bien conocido que ganaba más de 60 millones de pesos mensuales, se convirtió en usurero e hizo fuertes donativos en procesos electorales, lo que le ganó un estatus importante frente al partido tricolor. A Rafael se le acusó de violar a un centenar de mujeres, pero eso carecía de importancia para el partido en el poder. En 1987 fue asesinado en su propia mansión; pronto se supo que fue su esposa Martha García, quien pagó para que lo mataran.

Martha había logrado demostrar ante la policía del Distrito Federal que su esposo, que se la llevó cuando ella apenas había cumplido 18 años, era un “consagrado” violador de mujeres y niñas, que había abusado sexualmente de su sobrina de 15 años entre otras mujeres de la familia. Martha estaba encerrada en casa, todos sabían cómo vivía, y Cuauhtémoc, el hoy señalado hijo del rey de la basura, conocía las andanzas de su padre, los prostíbulos de los que era propietario, la violencia que ejercía sistemáticamente contra mujeres y niños.

Su padre mantenía a Martha encerrada en la casa, la golpeaba, la violaba y la tenía vigilada con una red de golpeadores que estaban a su servicio en el entramado de poder y usura que manejaba; esa mafia que le dio más poder y dinero del que jamás imaginó. Lo cierto es que no se puede entender al hombre sin conocer su historia. Cuauhtémoc, heredero e hijo predilecto del rey de la basura, aprende la violencia por ambos lados. Su madre es Guillermina de la Torre, también conocida por sus redes de explotación y usura. Ambos, su padre y madre, son famosos por operar con métodos mafiosos y el uso de violencia extrema. Rafael metió a su hijo en las juventudes del PRI a los catorce años; tiempo después, el hoy acusado de probable trata de mujeres, intentó apropiarse del PRI capitalino por medio de la violencia y las amenazas.

Mientras el Junior de la basura siguiera inyectando “donativos” en efectivo a las campañas del PRI, nadie se atrevía a sacarlo de ese instituto político. El junior de la basura ya era multimillonario, lo que quería era poder político formal; ser reconocido por las cúpulas tal como su padre le instruyó. Fue así como con una trampa logró meter a una mujer en las cuotas de género del PRI y una vez ganadas las elecciones la hizo renunciar y quedó él como Senador de la República. Su poder quedó claro entre 2008 y 2011, años en que las elecciones a la dirigencia del partido en el Distrito Federal fueron impugnadas y saboteadas por las redes de golpeadores de Gutiérrez.

A lo largo de su carrera amenazó de muerte a candidatos y candidatas, al grado de que las fórmulas Vázquez/Ildelfonso y Ruiz/ Imazu renunciaron de manera subrepticia luego de recibir amenazas y persecuciones. Justo por la crisis al interior del PRI, Moreira, el entonces presidente nacional  de ese partido, nombró a Jesús Murillo Karam (actual {rocurador General de la República), como delegado especial para que se lograra la renovación del Consejo Político del PRI capitalino.

Lo cierto es que el actual procurador General, Murillo Karam, pidió a todos que se retiraran para dejar que llegara el hoy acusado de proxenetismo a encabezar la sede el PRI. Por su parte la poderosa Beatriz Paredes había firmado un pacto con Gutiérrez, ella quería ser candidata y gobernar el Distrito Federal, para eso necesitaba los recursos y la alianza con el heredero de la fortuna basurera. Cuando varias priístas acudieron a Moreira para pedirle apoyo luego de las amenazas y actos de violencia física por parte del Junior de la basura, Moreira les dijo que no debían interferir. La realidad es que Gutiérrez había visitado a Moreira y le dijo “si no me cumples el acuerdo que hice con Beatriz Paredes se atienen a las consecuencias”.

 

10171750_634556719957806_124996195_nLas consecuencias eran que se supiera cuánto dinero de los reyes de la basura se había invertido en las elecciones del PRI. Murillo Karam le puso la alfombra roja al hoy acusado de convertir en burdel la sede de su partido. De allí que resulte claro que cuando, envalentonado en el noticiero de Aristegui, dice que hay que ir con las instancias legales, Cuauhtémoc Gutiérrez sabe perfectamente que las probabilidades de que sea perseguido legalmente por contratar mujeres para la prostitución forzada son prácticamente nulas; mucho menores son las de que él y su entonces socia Claudia Priscila Martínez sean investigados por probable colusión en una red de trata de mujeres enmascarada como agencia de modelos y edecanes.

Además, por si fuera poco, Cuauhtémoc lleva años colocando a estas mujeres, algunas sometidas a la prostitución forzada, en las mesas de gobernadores del PRI, entre ellos de Javier Duarte en Veracruz. Haberlo sacado del partido “mientras se le investiga” es una buena movida del PRI, pero hará falta mucho más que eso para creerles. Lo cierto es que en México tenemos a nuestro Tony Soprano región 4, una mafia que hizo fortuna manejando basura, operando burdeles que ocultan trata de mujeres y amenazando de muerte a quien intente salir de sus redes de poder o derrumbar su imperio.

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Desaparece del mercado el Semanario Luces del Siglo en medio de amenazas y hostigamientos.

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Nuevamente arde el fuego de la censura gubernamental, tal como en la novela bradburiana de Farenheit 451, en donde las fuerzas represivas del Estado quemaban los libros porque fomentaban la libertad de pensamiento. Ahora, en pleno siglo XXI —con el avance del totalitarismo del PRI— vemos el regreso sistemático de la censura y el hostigamiento hacia los medios de comunicación imparciales y críticos, por el simple hecho de buscar la verdad y fomentar un pensamiento reflexivo en la sociedad.

En las últimas semanas hemos visto la desaparición de la revista Luces del Siglo (semanario quintanarroense de corte político) de las tiendas y estantes en donde se distribuía —con la compra masiva de sus ejemplares y el bloqueo en la distribución—, además de múltiples hostigamientos a sus voceadores y repartidores. El último hecho violento sucedió el pasado 10 de julio en Cancún, cuando un repartidor del semanario fue perseguido por sujetos armados en un vehículo con placas gubernamentales. 1

ddb86f95f281b8ecEs importante recalcar que estas violaciones a la libertad de expresión suceden en el marco de una polémica campaña electoral en la que el semanario denuncio puntualmente infinidad de delitos electorales cometidos por el gobierno estatal, encabezado por Roberto Borge, y por el partido oficial, como la distribución masiva de despensas, la desviación de recursos y programas sociales para la promoción del voto, el pago de millonarios contratos a medios de comunicación local, la compra de votos, el endeudamiento estatal, etcétera.

Entrevistada por la organización independiente de Derechos Humanos, Article 19, Norma Madero, la directora del semanario, denuncio todas las amenazas, hostigamientos y censura cometidos en contra de este medio de comunicación.

Por medio de su comunicado la ONG  exhortó a las autoridades federales a «garantizar la seguridad del Semanario “Luces del Siglo”, así como la de su personal e instalaciones, con el fin de garantizar el libre ejercicio a la libertad de expresión». 2

Fuentes:

1.- Portal de Luces del Siglo el 13 de julio del 2013: http://lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/semanario-de-quintana-roo-denuncia-compra-masiva-de-ejemplares/99

2.- Portal de Article 19 el 13 de julio: http://articulo19.org/alerta-semanario-de-quintana-roo-denuncia-compra-masiva-de-ejemplares/

PRI de Playa del Carmen organiza conciertos Cristianos a unos días de las elecciones, violando la ley electoral.

PRI de Playa del Carmen organiza Concierto Cristiano a unos días de las Elecciones locales violando la Ley Electoral vigente.

Por Carlos Canul

Concierto Cristiano del PRI

El día de ayer el PRI de Solidaridad fue captado organizando un concierto cristiano —a la vista de todos y uniformados—, en el parque de la Colonia Colosio, Playa del Carmen, en plena campaña electoral y a menos de 10 días de las elecciones municipales. Con estas acciones el PRI viola la ley electoral vigente que establece: “Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: … XXI. Abstenerse de utilizar símbolos o expresiones de carácter religioso o discriminatorio en su propaganda; Artículo 92.- No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:… V. Los Ministros de Culto, Asociaciones, Iglesias o Agrupaciones de cualquier religión;»

Los testigos de la colonia Colosio afirman que el evento religioso fue anunciado por perifoneo en vehículos con la propaganda de José Luis «Chanito» Toledo ( candidato a diputado del PRI) durante toda la tarde del viernes, este anuncio invitaba a participar en el concierto cristiano en donde tocarían los grupos: «Mana del Cielo» y «Apóstol de Sangre». Además las brigadas del tricolor se encontraban en el crucero próximo invitando a votar por Toledo mientras detenían las famosas mantas del «hijo del pueblo».

Al final del evento al rededor de 30 jóvenes con las playeras rojas del partido se dispusieron a guardar las sillas y a desmontar las instalaciones de luces y sonido que se utilizaron en el concierto.

FJR levantando sillasPRI Solidaridad