Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por las propuestas de ley contra manifestaciones públicas presentadas en Estados de la República como Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal. Consideró que tales iniciativas atentan contra el derecho de libertad de expresión.
A través de un comunicado, la ONG indicó que las leyes de los tres estados emplean una “terminología ambigua para definir manifestaciones”, además de que limita “las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con las buenas costumbres”.
En la capital de México, desde diciembre pasado se analiza en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Lo mismo sucedió en Quintana Roo y en San Luis Potosí hace unas semanas.
Entre las disposiciones de la iniciativa del DF destacan obligaciones como: antes de una manifestación debe avisarse a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación; se prohíbe el “bloqueo total” de vialidades primarias y de calles de un solo carril y, además, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal la facultad de “controlar manifestaciones”.
También impone un horario de entre 11:00 y 18:00 horas para que los actos de inconformidad no afecten el tráfico vehicular y prevé multas para quienes “realicen acciones que alteren el orden público”, entre otras exigencias.
En el caso de Quintana Roo, en marzo, el Congreso estatal de mayoría priista aprobó la llamada Ley de Cultura Cívica, con la que se pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado. Por ejemplo, prohíbe marchas en vías primarias y condiciona las protestas en las vías públicas.
Al respecto, la organización internacional Artículo 19 también se pronunció en contra, al considerarla “una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”. En San Luis Potosí, el Diputado local panista Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris”, presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí.
De acuerdo con la iniciativa, el Diputado pretende que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos, de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Además, la ciudadanía que pretende manifestarse deberá pedir permiso al generador de la inconformidad; es decir, al Estado y este decidirá si aprueba o no la manifestación.
Las multas para quien no avise previamente por escrito serán de 50 a 100 días de salario mínimo y el arresto de 36 a 72 horas. Posteriormente, el legislador dijo que se trata de una propuesta apegada a los derechos humanos y que busca defender a los miles de potosinos que salen a trabajar diariamente y que en ocasiones se han visto afectados. Mencionó que esta ley pretende garantizar de forma efectiva el derecho de los potosinos y sus distintas colectividades a manifestar su crítica o exigencia social a las autoridades.
Amnistía recordó a las autoridades que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.
La organización ha declarado, reiteradamente, que las recientes iniciativas de ley relativas a manifestaciones imponen un “régimen legal que no garantiza el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación al privilegiar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestaciones pacificas”.
Amnistía Internacional considera especialmente preocupante el caso de la Ley de Cultura Cívica de Quintana Roo pues esta fue ya aprobada el pasado 25 de marzo, y faltaría tan solo su ratificación por el gobierno estatal para que esta entre en vigor.
La organización llamo a las autoridades de la entidad a no ratificar dicha ley mientras ésta “no se haya armonizado con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. Así mismo, Amnistía Internacional instó a los legisladores a que se aseguren que durante las discusiones en torno a estas iniciativas, se escuchen las voces de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
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